A raíz de la incautación del fallo canónico, Monseñor Juan Ignacio González se refirió al tema.
“Quisiera expresar en breves palabras, lo que a mi modo de ver como abogado y canonista implica lo que ayer hemos presenciado. En Chile, como en muchos países, la ley del Estado reconoce el ordenamiento jurídico de la Iglesia, así se hace expresamente en el Art. 20 de la Ley 19.638, entre ese ordenamiento se cuentan precisamente las normas por las cuales fue juzgado y sentenciado en primera instancia el Padre Fernando Karadima. Son disposiciones legales emanadas de la Santa Sede, a través de la Congregación para la Doctrina de la fe, en las cuales se dice expresamente que todas las actas y documentos que forman parte de esos procesos quedan bajo secreto pontificio, por lo tanto, forman parte también esas normas de la legislación por las cuales se rige la Iglesia en Chile y el Estado debe respetar, a través de sus órganos magisteriales esa legislación. Lo que hemos visto ayer es que, de facto, en la magistratura se ha incautado un documento que estaba bajo secreto pontificio, como lo estaba también la persona que lo tenía, que era el abogado de una de las partes”.
Destacó que “Estimo que eso es una cosa peligrosa, delicada y que no se ha procedido con el respeto debido que se tiene y debe tenerse en las relaciones que hay entre los poderes del Estado y la Santa Sede. Estamos todos los Obispos de acuerdo en que debe buscarse la verdad, pero debe buscarse la verdad siguiendo los procedimientos que respeten siempre, como ha dicho el Sr. Arzobispo de Santiago, la dignidad de la persona humana y particularmente la posibilidad de que alguna persona quiera confiar a la Iglesia palabras o hechos, con la condición de que no salgan a la luz pública ni sean usados en otros procesos más que en aquel para los cuales esa persona dio sus palabras o relató algunos elementos que pueden ser importantes en una causa como esta, que es una causa criminal”.
Al finalizar puntualizó “Queremos la verdad, queremos que quede claro las responsabilidades de las personas que han tenido que ver en todos estos hechos delictivos que hemos presenciado, pero queremos que se respete plenamente el ordenamiento jurídico de la Iglesia y, personalmente, lo digo a título personal como abogado y como canonista, creo que en este caso no ha sido así”.