En una declaración dada a conocer este miércoles 23 de diciembre, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile se refirió a la aprobación en general en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de ley que permite la eutanasia en ciertos casos. Considera que éste es “un paso de máxima gravedad política y moral, porque implica una concepción -a nuestro entender- errada de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos esenciales”.
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Un proyecto que atenta contra la dignidad esencial de la persona
1. La aprobación en general en la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas de un proyecto de ley que permite la eutanasia en ciertos casos, es un paso de máxima gravedad política y moral, porque implica una concepción -a nuestro entender- errada de la persona humana, de su dignidad y de sus derechos esenciales. Respetando todas las diferentes visiones, ofrecemos esta palabra con humildad. Sólo nos anima poner a disposición la mirada antropológica que brota del Evangelio, pero cuya raíz compartimos con muchas cosmovisiones y credos, y a la que adhieren numerosos habitantes de nuestro país.
2. La eutanasia es la acción u omisión que por su naturaleza o en la intención causa la muerte de una persona, con el fin de eliminar cualquier dolor. La causa de la muerte no es la enfermedad del paciente, sino la acción deliberada de quien practica la eutanasia. Es muy importante distinguir la eutanasia de la renuncia a medios desproporcionados de tratamiento (u obstinación terapéutica), acto por el cual se interrumpe el uso de vías que prolongan artificialmente la vida e incluso en ocasiones impiden dar un cuidado adecuado al enfermo. En el caso de los medios considerados básicos –como la alimentación y la hidratación– estos sólo pueden ser interrumpidos luego de verificar que el paciente no se encuentra en condiciones de asimilarlos.
3. La legalización de la eutanasia –como se pretende en nuestro país– es un acto siempre ilícito desde el punto de vista moral, porque constituye “un crimen contra la vida humana”, como lo ha reiterado recientemente la enseñanza de la Iglesia en la carta “El Buen Samaritano”, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada por el Papa Francisco. Es desde la sabiduría extraída de la Sagrada Escritura y la Tradición Apostólica que la Iglesia afirma con certeza que la vida es un don y la eutanasia “es un acto intrínsecamente malo, en toda ocasión y circunstancia” (Cfr. “El buen samaritano”, cap. V). No hay razón alguna que legitime moralmente un hecho tan grave como quitar voluntariamente la vida humana a ninguna persona ni bajo ninguna circunstancia, incluso en el caso de que ella misma haya dado su consentimiento.
4. Sin perjuicio de las razones de índole religiosa, la práctica de la eutanasia atenta siempre contra los derechos inherentes y connaturales a todo ser humano. Es una forma moderna de violación de los derechos fundamentales. No se puede argumentar, como de hecho se hace, que para quienes tienen concepciones éticas que la prohíben, la eutanasia no se puede imponer, pero respecto de quienes no las tengan, cabe admitir su licitud.
5. Con la eutanasia se oscurece el significado profundo de la dignidad humana, haciéndola aparecer como si condujese al bienestar subjetivo. De esa forma, la dignidad humana es reducida a un simple bien disponible como otros. Esta comprensión de la vida humana, además de atentar contra toda lógica jurídica (la vida es el primer bien a proteger), alimenta lo que el Papa Francisco ha llamado “la cultura del descarte”, que considera la vida humana como susceptible de ser desechada y a los excluidos como “desechos, sobrantes” (Cfr. Evangelii gaudium n.º 53). Quienes pagan los costos de esta lógica son justamente las personas más frágiles y muchas veces más pobres, respecto de las cuales tenemos como sociedad mayor obligación.
6. La Iglesia ha estado y seguirá estando, Dios mediante, siempre cerca espiritualmente del sufrimiento que viven, tanto la persona que padece una enfermedad incurable como sus familiares, acompañándoles en este doloroso proceso. Es necesario promover todas las instancias posibles de alivio, especialmente los cuidados paliativos, y trabajar para que estos servicios lleguen a la mayor cantidad de personas posibles, especialmente los más pobres.
7. Finalmente, la medicina también se ve degradada por la eutanasia, pues la aleja de su misión primordial: sanar al enfermo o disminuir el sufrimiento. A ese respecto es muy decidor que múltiples sociedades médicas alrededor del mundo se oponen directa o indirectamente a la eutanasia. Desde este punto de vista, es legítimo invocar el derecho a la objeción de conciencia.
8. Solicitamos a las respectivas autoridades e instancias legislativas que, con prudencia y sabiduría, ponderen las graves consecuencias que puede tener la aprobación de una ley de este tipo. Llamamos a los laicos y laicas que creen en la vida, a hacer oír su voz, desde la academia y el mundo profesional, desde las organizaciones sociales y comunitarias, respecto de qué consideramos “digno” para el ocaso de nuestras vidas. Si queremos que la dignidad se haga costumbre, dialoguemos este delicado tema con profundo respeto, sin descalificaciones, procurando siempre buscar aquello bueno y verdadero que existe en quien piensa distinto. Nos hace bien que todos puedan expresar sus diversas y legítimas visiones, y que se manifiesten como se hace en una sociedad democrática: con respeto, de cara a la gente, con la recta intención de cuidar el bien común.
Pedimos a Dios que ilumine la mente y mueva los corazones de quienes están llamados a decidir en tan delicadas materias, sabiendo que un paso mal dado en estos ámbitos tiene siempre graves consecuencias en el futuro, como lo prueba la historia.
EL COMITÉ PERMANENTE DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL DE CHILE
+ Santiago Silva Retamales
Obispo electo de Valdivia
Presidente
+ René Rebolledo Salinas
Arzobispo de La Serena
Vicepresidente
+ Celestino Card. Aós Braco, OFMCap.
Arzobispo de Santiago
+ Juan Ignacio González Errázuriz
Obispo de San Bernardo y Administrador Apostólico de Rancagua
+ Fernando Ramos Pérez
Arzobispo de Puerto Montt
Secretario General
Santiago, 23 de diciembre de 2020.