Monseñor Miguel Cabreros, arzobispo de Trujillo, Perú, y presidente del Celam; monseñor Santiago Silva, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile; cardenal Celestino Aós, arzobispo de Santiago; monseñor Sergio Abad, arzobispo metropolitano de la Iglesia Ortodoxa de Chile; obispo Emiliano Soto, presidente de la Unión Evangélica Nacional; monseñor Juan Ignacio González, obispo de San Bernardo; Dr. Héctor Zavala, arzobispo de la iglesia anglicana de Chile; obispo Francisco Javier Rivera, secretario ejecutivo de la mesa ampliada de organizaciones evangélicas; Fuad Musa, presidente del directorio de la Comunidad Musulmana de Chile, y rabino Eduardo Waingortin, representante de la Comunidad Judía.
Aparentemente, todos estos líderes religiosos no tienen mucho en común. Pero esta semana algo los unió, de forma inédita: todos son firmantes del documento amicus curiae -fórmula legal para presentar testimonios en un juicio donde no se es parte- que se presentó el viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco del caso de Sandra Pavez vs. el Estado de Chile, que comenzará el miércoles en ese tribunal.
El escrito es reflejo de la preocupación que causa en las comunidades religiosas estas un proceso, que, en opinión de cercanos a las iglesias, “podría romper la separación Iglesia-Estado en Chile e incluso en América Latina”.
El litigio se inició en 2007, cuando el vicario para la educación del Arzobispado de San Bernardo prohibió que la profesora Sandra Pavez siguiera haciendo clases de religión, al considerar que no tenía la “idoneidad doctrinal y moral” para hacerlo.
Ante esto, ella demandó al Arzobispado, primero, ante la Corte de Apelaciones y, luego, ante la Corte Suprema por discriminación y atropello a su vida privada, entre otros cargos. Ambos tribunales le dieron la razón al vicario de San Bernardo en base al decreto 924 del Ministerio de Educación, que regula las clases de religión en Chile y les da potestad a las diversas comunidades religiosas de decidir si quienes imparten la asignatura cumplen con lo que se requiere o no.
El caso fue luego a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, en 2018, entre otras cosas, recomendó al Estado de Chile reinsertar a Pavez y establecer “mecanismos para que no se repitieran situaciones así”. Algo que puso en alerta a las diversas comunidades religiosas. Finalmente, las sugerencias no se cumplieron y el caso pasó a la Corte. Sin embargo, no se permitió al arzobispado ser parte.
Por ello, la posibilidad de que el tribunal pudiera confirmar —ahora como fallo vinculante— las recomendaciones de la CIDH motivaron un acto que fuentes consultadas califican como histórico: Que católicos, judíos, musulmanes, evangélicos y anglicanos elaboraran un documento jurídico conjunto para mostrar su posición al organismo. Esto, con un objetivo claro: “Este es un tema que pone en cuestión la libertad religiosa. Las clases de religión son de carácter confesional. Los profesores son representantes de esa religión. Y por ello, la atribución de si son idóneos o no debe ser de las propias comunidades”, explica Soledad Bertelsen, la abogada que ayudó a redactar el documento.
En el texto, compuesto de 15 páginas, los firmantes concluyen que “es fundamental, por lo tanto, que para resolver este caso esta Honorable Corte examine también los derechos de los niños, de los padres a que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones, de la libertad de religión en su dimensión individual y colectiva, además del derecho de asociación”.
Es una posición —a la que podrían unirse las religiones Mormona y Adventista en los próximos días— que seguramente generará debate en los alegatos.